Las implementaciones perversas del sistema económico de libre mercado, son las iniciativas que pretendiendo incentivar la inversión internacional para asegura el crecimiento económico de un país, terminan en su empeño imponiendo acuerdos y leyes que terminan siendo abusivas para toda la población, en especial para aquellos sectores, que con mucho esfuerzo llegan a cubrir las necesidades básicas de sus familias, pues los pobres siempre recibirán ayuda del estado y los más ricos tienen su capital resguardado en las economías internacionales.

En los países latinoamericanos tenemos y hemos tenido gobiernos de diversas tendencias ideológicas, a veces conservadores y otras veces liberales, pero todos ellos sin embargo, han vendido sus ideales valóricos al libre mercado, que más que libre mercado, es un mercado regulado gubernamentalmente en beneficio directo de los inversionistas internacionales —los mercenarios apátridas sin límites geográficos y sin límites de ambición—.

Los gobiernos más que apoyar a las pequeñas y medianas empresas —piezas fundamentales para una distribución equitativa de las riquezas—, con la adjudicación de contratos en los grandes nichos de negocios como son la minería, la extracción de recursos naturales, las concesiones y la construcción de la infraestructura, que mejora el estándar de vida de todos los habitantes de un país, se ocupan, legislan y orientan a las instituciones, para asfixiar las iniciativas de crecimiento y bienestar de las economías locales. Multando por vender bebidas en una peluquería. Multando por instalar barras de contención en la vía pública. Barras instaladas para proteger el acceso violento, por medio de vehículos, al interior de un pequeño almacén de barrio. Multando por conducir con luces apagadas de día en una carretera. Multando por exceso de velocidad en un camino con pendiente, luego de una reducción malintencionada de velocidad señalizada abruptamente. Todas medidas abusivas que atentan con la sanidad de las economías locales, porque así se legisla perversamente y se ejecutan las leyes para recaudar los fondos necesarios, que resultan imposibles de recaudar desde quienes se están repartiendo las riquezas de un país. Se preocupan por hacer caja para sostener las políticas sociales, pero por sobre todo, para sostener la robusta estructura de funcionarios públicos, ineficientes, ambiciosos e inoperantes, con leyes que continúan oprimiendo económicamente al pequeño segmento de trabajadores dependientes y emprendedores que financian las políticas públicas por las cuales ellos reciben la representación ciudadana, el reconocimiento y los aplausos.


El acecho a las pequeñas y medianas empresas comienza con las instituciones financieras —las aves de rapiña que revolotean en torno a ellos mientras los grandes predadores económicos aun no manifiesten interés por sus negocios—, siempre y cuando por cierto, que el retorno de sus ingresos sea rentable al costo de sus esforzadas actividades. Les otorgan grandes créditos con tasas abusivas que los esclavizan y les roban las ganancias futuras que podrían haber obtenido gracias a su esfuerzo y visión de futuro.


Y no conformes con estos abusos, los gobiernos se ocupan de explotar y asegurar la explotación de los habitantes de un país —fundamento y sentido primordial del servicio público—, facilitando la regulación a través de complicadas fórmulas económicas, que ajustan las tarifas de los servicios de primera necesidad, con valores que en nada se condicen con sus abultadas ganancias y con la evolución real de la economía. Y que siempre muestran un alza sostenida hacia la insaciable ambición de los inversionistas. Regalan los escasos recursos de la región y esclavizan a aquellos a quienes deberían servir. No garantizan una economía sana que permita disfrutar del derecho de vivir protegido por los límites territoriales. ¡Hasta cuándo es posible aguantar este tipo de malas prácticas abusivas!