Activismo judicial en Brasil y en el mundo
Jober Rocha
El activismo judicial es un fenómeno jurídico que se produce cuando el Poder Judicial asume un papel más activo y expansivo en la interpretación y aplicación de la ley, interviniendo en las decisiones de otros Poderes u órganos del Estado. Esto puede ocurrir de diferentes formas, como a través de la declaración de inconstitucionalidad de leyes o actos normativos, la creación de nuevas normas jurídicas o la revisión de decisiones administrativas.
El activismo judicial no es un fenómeno reciente, como viene ocurriendo desde hace siglos; pero ha ganado mayor importancia en las últimas décadas, debido a la creciente expansión del poder del Poder Judicial. Esto se debe principalmente al surgimiento de nuevas constituciones, que consagraron derechos fundamentales y principios constitucionales de gran relevancia, y a la influencia del neoconstitucionalismo, que defiende una interpretación más expansiva de la Constitución.
Afirmar que el activismo judicial es positivo o negativo dependerá de una serie de factores, como el contexto histórico y político en el que se produce el activismo judicial, los objetivos de las decisiones activistas y sus impactos en la sociedad.
Por un lado, el activismo judicial puede considerarse positivo, ya que puede contribuir a la protección de los derechos fundamentales, la promoción de la justicia social y la defensa de la democracia. Por ejemplo, las decisiones de los activistas pueden utilizarse para declarar inconstitucionales leyes discriminatorias, garantizar el acceso a la educación y la atención sanitaria o proteger el medio ambiente.
Por otro lado, el activismo judicial también puede considerarse negativo, ya que puede conducir a la usurpación de poderes de otras Potencias, la violación de la separación de poderes y el debilitamiento de la democracia. Por ejemplo, las decisiones activistas pueden utilizarse para interferir en decisiones políticas, favorecer grupos o intereses específicos o promover cambios sociales sin el debido debate público.
En Brasil, el activismo judicial ha cobrado mayor importancia en los últimos años, debido a una serie de factores, como la promulgación de la Constitución Federal de 1988, que consagró varios derechos fundamentales, y las acciones del Supremo Tribunal Federal (STF), que ha se volvió cada vez más activo en la interpretación y aplicación de la Constitución.
El STF es el principal responsable del activismo judicial en Brasil. El tribunal ha emitido una serie de decisiones activistas que han tenido un impacto significativo en la sociedad brasileña. Por ejemplo, el STF declaró la inconstitucionalidad de la penalización de la homosexualidad, garantizó el derecho al aborto en casos de violación y anencefalia y prohibió la prisión en segunda instancia. Por otro lado, el propio organismo adoptó varias medidas, criticadas por la sociedad, que contradecían sus propias decisiones anteriores, convirtiendo la ley en letra muerta, que resucitaba o no según la importancia del acusado.
El activismo judicial, sin embargo, es un fenómeno global que ocurre en varios países del mundo. En Estados Unidos, el activismo judicial es una práctica tradicional que se remonta al siglo XIX. La Corte Suprema de los Estados Unidos (STF) ha emitido una serie de decisiones activistas que han tenido un impacto significativo en la sociedad estadounidense. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la segregación racial era inconstitucional, garantizó el derecho al aborto y prohibió la pena de muerte.
También en Estados Unidos, la Corte Suprema ha sido acusada de actuar como una "cuarta rama", interfiriendo en cuestiones que deberían ser resueltas por el Congreso o el Ejecutivo. Un caso emblemático fue la decisión de la Corte, en 2010, de declarar inconstitucional la ley que prohibía a los estados reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En otros países, el activismo judicial también ha ganado mayor importancia en las últimas décadas. En Europa, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha emitido una serie de decisiones activistas que han impactado la legislación de varios países europeos. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la prohibición de la libre circulación de trabajadores era inconstitucional y que los padres tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas.
En Francia, el Tribunal Constitucional ha sido criticado por sus acciones excesivas y autoritarias, irrespetando la separación de poderes y la soberanía popular. Un ejemplo fue la decisión judicial de 2017 de anular las elecciones presidenciales de 2012 por considerarlas fraudulentas.
En China, el Partido Comunista de China (PCC), que ostenta el poder ejecutivo y legislativo, ha utilizado el poder judicial como instrumento de control político y social. Un ejemplo fue la decisión judicial de 2014 de condenar a un activista a favor de la democracia por subversión del orden público.
El activismo judicial es un fenómeno complejo que puede tener impactos tanto positivos como negativos. Es importante que el activismo judicial se ejerza con responsabilidad y moderación, a fin de respetar la separación de poderes y la democracia; lo cual no siempre sucede, ya que es en sí mismo el resultado de ideologías e intereses políticos y personales.