Una Propuesta de Constitución
Nazareo Mellado

Una constitución no solo es buena por los principios que defiende y los derechos que consagra. Una constitución no es un hermoso libro de buenos deseos que podamos leer cuando necesitemos de un mundo mejor o necesitemos recuperar la esperanza en un futuro soñado. Una constitución también es el marco regulatorio jurisprudencial del poder. No existen constituciones que puedan ser consideradas malas o buenas con solo estar de acuerdo con su contenido, y bajo este punto de vista, una constitución es buena, cuando resulta ser un reflejo real de la identidad de los pueblos. Una constitución es buena cuando se ajusta e interpreta las dinámicas temporales y sociales de los pueblos y sus representantes. Una constitución es buena cuando consagra derechos en sintonía con los recursos disponibles y distribuye el poder en las distintas instituciones del estado que garantizan el cumplimiento de tales derechos.

Esta propuesta de constitución se presenta como el marco inicial de apertura hacia un nuevo estado social, lo cual resulta coincidente con la aspiración de una gran mayoría, pero descuida a propósito o inadvertidamente los equilibrios de poder necesarios para garantizar su objetivo. Y quizás esto sea, el mayor obstáculo para que la transformación hacia un verdadero estado social sea posible. Esta propuesta de constitución adolece de una presunción quijotesca: la creencia de que los representantes, a quienes les daremos más poder del que actualmente tienen, se sentarán en sus escaños para proyectar un país mejor; con más oportunidades; con más derechos e igualdades, sin embargo, todos sabemos que la realidad es otra.

En esta propuesta es declarado el congreso como el representante de la soberanía del pueblo de Chile, como se desprende de los artículos siguientes:

«La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana.» (Artículo 2.1)


«El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución.» (Artículo 252.1)

Sin embargo, para nadie es desconocido, que quienes serán nuestros representantes en el congreso, son a la vez, de quienes más debemos cuidarnos. La república de Chile tiene un modelo de representatividad basado en la existencia de partidos políticos. Algunos de los cuales, que en un pasado defendieron los derechos de la clase obrera, a la primera oportunidad lucraron sin asco de la educación de los hijos de la misma clase. Algunos de los cuales, que sostenían el socialismo como definición ideológica identitaria y que no concebían un estado construido en torno al libre mercado, a la primera oportunidad incrementaron sin asco su patrimonio en el mercado especulativo de valores. No solo en el sistema de libre mercado sino que en el corazón oscuro del capitalismo. Partidos políticos diversos, en el amplio espectro ideológico, que van desde un liberalismo doctrinal irreflexivo hasta un conservadurismo republicano anacrónico. Todos ellos conformados por una clase privilegiada, cimentada a través de los tiempos por los miembros de un oligarquía confesa; miembros que monopolizan la representatividad como políticos; miembros que monopolizan la riqueza como empresarios. Pues los políticos, los empresarios y los directores de las empresas públicas y privadas, son exactamente los mismos actores. Salvo un pequeño grupo de "honorables" empresarios que extrañamente, no han querido participar de la política.

Si nuestra nación fuese una nación más evolucionada, donde los servidores públicos fuesen eso, servidores públicos, esta constitución seria perfecta. En su actual condición, liberada de los "checks and balances" podría terminar siendo un instrumento para asentar las bases de un régimen totalitario, como ha ocurrido en varios países de latinoamérica, que termine trazando el destino del país por la voluntad de un pequeño grupo de congresistas alineados tras una determinada ideología, y no una carta de navegación que permita la libre expresión de la democracia. Esta es la razón, de que algunas voces se hayan alzado para advertir que está en peligro la democracia. En el mejor de los casos, los integrantes del congreso, continuarán alineándose tras los intereses de las cúpulas de poder de los partidos. Continuarán alineándose tras los intereses de los negocios familiares como lo han venido haciendo por décadas; aprobando leyes que les permitan “emprender” en los límites de la legalidad; asegurándose los derechos de explotación marítima; apoderándose del agua para el negocio de la exportación de paltas; asignándose los derechos de explotación minera o del negocio de moda: la explotación de los bosques, en el lucrativo mercado de la venta de madera; y en otros negocios de corto plazo, pero igualmente lucrativos, como son la compra y venta de terrenos, poniendo especial atención a la posibilidad de cambiar el uso de suelos para hacerlos un poco más rentables. En resumen, los congresistas, en el marco de la legalidad que pondremos en sus manos, continuarán sirviéndose de nosotros para satisfacer sus propios intereses.

Entonces, lo que debemos responder es; ¿En esta nueva propuesta, dónde quedan los intereses de los verdaderos representados? ¿Esta propuesta de constitución es adecuada para la realidad actual de nuestro querido país?

Mientras se mantenga este modelo viciado de representatividad —hecho de castas que se agrupan en partidos políticos— el problema no se reduce solo a cómo repartir la torta sino que adicionalmente, a cómo establecer los mecanismos que permitan controlar a quiénes reparten la torta.

Si se toma en cuenta la realidad de los pueblos y sus representantes, una constitución que apela a la necesidad de gobernabilidad puede ser tan nefasta como una constitución que excluye derechos esenciales. Mientras no se modifique el modelo de representatividad no podemos proponer una constitución hecha para honorables representantes cuyos intereses sean los de sus representados, si esto no constituye una realidad.

Es por esta razón, que más que disponer de una constitución que mejore la gobernabilidad, dándole más poder al congreso y atenuando los mecanismos de pesos y contrapesos existentes —como son las distintas atribuciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, y en especial con las cámaras simétricas del poder legislativo— se debe asegurar que en esta propuesta exista el adecuado equilibrio y balance de los poderes. La ansiada gobernabilidad puede esperar para cumplir las aspiraciones de un mejor bienestar de todo el soberano pueblo de Chile en un camino sin retorno hacia un estado verdaderamente social.

También es cierto, que no basta con solo enunciar un poder para que este se ejerza de manera efectiva, así como consagrar un derecho no hace que se garantice de manera eficaz. Y que tanto los poderes como los derechos en su gran mayoría se alcanzan a través de los mecanismos informales. El problema es que el aumento de poder propuesto se entrega sobre el órgano encargado de elaborar y aprobar las baterías de leyes que garantizarán el cumplimiento de la constitución, es decir, en manos del congreso se pondrá la facultad de regular a los organismos que realizarán la fiscalización y el control del propio proceder individual de sus miembros entre otras regulaciones. La figura de la contraloría general de la república, como ejemplo, institución que realiza la fiscalización de las autoridades públicas, no es mencionada en esta propuesta.

Una nueva constitución para Chile debe tener en consideración, en primer lugar, la realidad de nuestro pueblo y en especial, la realidad de quiénes recibirán el mandato de la representatividad del pueblo de Chile. Una nueva constitución para Chile debe hacerse para la mayoría y no para reparar los abusos históricos de sus minorías. Una nueva constitución para Chile debe asegurar los mecanismos de fiscalización y control de todas las autoridades públicas para erradicar la corrupción. Una nueva constitución para Chile debe disminuir la nómina de los cargos públicos y sus remuneraciones, para que los recaudos lleguen de manera efectiva a las políticas sociales que se desean consagrar y para que el servicio público deje de tener ese incentivo perverso que le es tan atractivo a las castas económicas y políticas de siempre y a los ambiciosos oportunistas.