Históricamente, la división territorial ha obedecido a intereses políticos y económicos y no a la justa gestión de los recursos naturales de las comunidades ni a su identificación cultural. Como ejemplo podemos observar que tienen más puntos en común las poblaciones de Guatemala y de Chiapas que esta última con Nuevo León; sin embargo, pertenecen a países distintos.
Es revelador que en tiempos coloniales se respetó más la autodeterminación de las poblaciones originarias durante la creación de las entidades que tras la independencia; gracias a ello muchos topónimos prehispánicos se conservaron: Pátzcuaro, Cholula, Azcapotzalco... El licenciado Edmundo O´Gorman lo documentó en su libro “Historia de las Divisiones Territoriales de México”: “En la Colonia las provincias surgen como resultado de fenómenos históricos reflejados sobre el territorio y reclaman un reconocimiento legal; en la República las entidades se crean o desaparecen por ministerio de ley”.
La vida federativa debe revitalizarse para coordinar el trabajo de todos los estados y municipios. Esto es indispensable para conciliar intereses y dar solución a problemas de gran calado, como la emergencia por sequías que varios estados están enfrentando.
Nuevo León es un estado que aporta el 7.96% del PIB nacional y es el tercero en importancia productiva; sin embargo, en 2020 por cada peso que aportó a la federación se le devolvieron sólo diecisiete centavos. El importante aumento que recibió en 2021 de un 11.1% no es suficiente.
En 2021 Nuevo León recibió por el pacto fiscal 83 mil 817.7 millones de pesos, mientras Chiapas –la economía veintidós de México–, recibió 90,826 millones de pesos: monto mayor en 7,009 millones.
Ciertamente, un proyecto nacional debe considerar la distribución de recursos según las apremiantes necesidades de los estados sumidos en el rezago y en la pobreza; también debemos aplaudir el desempeño de Chiapas en los últimos años, ya que en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE) en el cuarto trimestre de 2020 fue el segundo estado mejor evaluado. Sin embargo, la alarmante situación que padece Nuevo León, específicamente, Monterrey, requiere una revisión del pacto fiscal.
Siempre se habla de que dos terceras partes del territorio nacional son desérticas, ¿pero eso quiere decir que en verdad México no tiene agua? La realidad es que tiene bastante, pero está mal distribuida; revertirlo requiere un trabajo conjunto de todos los estados.
El valor de la disponibilidad natural media nacional indica que México tiene recursos hídricos suficientes para su desarrollo (451.6 kilómetros cúbicos). Si el agua se lograra distribuir eficientemente, nuestras condiciones serían mejores que la mayoría de los países europeos, aunque inferiores al compararlas con países que son verdaderamente ricos en el recurso vital, tales como Brasil (8 647 km3), Estados Unidos (3 069 km3) o Canadá (2 902 km3 ).
El sur de México sufre de inundaciones torrenciales, mientras el norte tiene sequías extremas. Expertos han señalado que es viable la creación de un acueducto que lleve los excedentes del sur a las zonas desérticas.
La estrategia es sumamente ambiciosa pero también así lo son sus posibles resultados, ya que las zonas con sequía recibirían el agua que aqueja con inundaciones a las que la suministren. Todos salen beneficiados. Además, el pago por el agua a los estados del sur sería una justa retribución que los boyantes estados fronterizos del norte darían gustosos.
Esta estrategia es sólo una de muchas, pero sirve para esbozar el inmenso trabajo político que es necesario para que nuestro país pueda librar los grandes obstáculos que implica un cambio climático global que cada vez se intensificará más.