La mayoría de las conductas están libres de sesgo moral. Las motivaciones que originan los actos son las que dejan entrever las reales intenciones de una determinada conducta y en consecuencia, las que deberían ser consideradas, en la medida de lo posible, a la hora de querer impartir justicia.

Los sistemas de justicia actuales penalizan predominantemente los actos considerados delictivos desvinculados de las motivaciones que llevan a cometerlos. Las motivaciones son habitualmente consideradas solo atenuantes. No se puede juzgar del mismo modo, aunque el acto sea el mismo, el asesinato de un anciano para robarle un objeto de valor, que el asesinato de un abusador sexual para hacer justicia. Por otra parte, la mayoría de los actos penalizados son arbitrariamente considerados delictivos por razones contextuales o por otros intereses que nada tienen que ver con la propia justicia, tales como; las sanciones por no pagar impuestos; o las multas por circular de día con luces apagadas en las carreteras. Apremios ilegítimos al individuo común para financiar los abultados gastos de las estructuras públicas. Y como se podrían calificar, las diferencias que se hacen en los procesos, con los inculpados, cuando estos disponen de cierto grado de influencia en las estructuras encargadas de impartir la justicia.

La ineficacia de los sistemas de justicia se perpetúa en el absurdo de querer conservar la objetividad en el debido proceso, basándose en los hechos comprobables; la presentación de testigos; y los procedimientos de investigación establecidos, como los únicos antecedentes válidos al momento de impartir justicia. Esto nos lleva a situaciones tan absurdas como la imposibilidad de condenar a un asesino cuando no es posible encontrar el cuerpo de la víctima, o dejar libre a un depredador sexual si no se respetaron los procedimientos establecidos al momento de la constatación de lesiones por parte de la víctima.

Pareciese ser, que los buenos sistemas de justicia modernos, se apoyan en el sentido común de un número sustancial de individuos ordinarios, representantes de la comunidad, que actúan como jurados ejerciendo una valioso juicio que incluye las motivaciones aparentes del imputado en los actos cometidos.