El bombardeo de 1955 a la Ciudad Abierta de Buenos
Aires, los fusilamientos de 1956 y el golpe de 1976, cuya impunidad clausuró la Corte Suprema de Justicia, tienen un punto en común: el terror indiscriminado como escarmiento, para imponer una distribución regresiva del ingreso y del poder. Llamar a las cosas por su nombre, castigar esos crímenes, es un punto de partida hacia el replanteo de esa relación de fuerzas que condena a la exclusión a casi la mitad del país.

El 16 de junio se cumplen cincuenta y ocho años del bautismo de fuego de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea, cuando sus pilotos arrojaron entre 9 y 14 toneladas de bombas sobre la Ciudad Abierta de Buenos Aires y ametrallaron a civiles, causando alrededor de 300 muertos y un millar de heridos. El 9 de junio hicieron 49 años de los fusilamientos de civiles y de militares ordenados por el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, malparido por aquellas bombas y metralla. El 14, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida, sancionadas para proteger a los responsables del Estado Terrorista implantado en 1976. Los tres episodios están ligados en forma indisoluble y tienen un punto en común, que invita a una reflexión profunda sobre la Argentina contemporánea. Matar a Perón o “aniquilar a la subversión” fueron apenas pretextos justificatorios. El objetivo de los bombardeos y los fusilamientos fue imponer el terror, golpear en forma feroz e indiscriminada como escarmiento sobre el conjunto de la sociedad. Sólo así sería posible desmontar un modelo socioeconómico en el que el ingreso, y el poder, estaban repartidos de modo mucho más equitativo que en los años dorados de la oligarquía, a los que se intentaba volver. Con avances y retrocesos, durante dos décadas se mantuvo lo que la literatura política llama empate hegemónico, hasta que la violencia sin límites del ‘76 impuso un nuevo equilibrio, que dura hasta hoy. Liberarse de ese terror, con decisiones como las de la Corte Suprema que impide la impunidad de los criminales es un paso hacia el replanteo de esa relación de fuerzas que condena a la exclusión a casi la mitad del país. Si los criminales del ‘55 hubieran sido castigados, no hubiera habido ‘76. A eso seguramente apuntaba el presidente Néstor Kirchner, durante la emotiva ceremonia del 16 de junio. Acompañado por la hija de una víctima del ‘55 y por la madre de una víctima del ‘76, en un tono quedo poco usual en él y con los ojos húmedos, vinculó ambas fechas con “la construcción del país que queremos, con justicia, honestidad, con inclusión, en la lucha contra la indigencia y la pobreza, la lucha por el empleo, la inversión, la industrialización.”. A 58 AÑOS EL ENEMIGO ES EL MISMO Y ESTA IMPUNE.