Con fecha 21 de junio de 2008 apareció publicada en la columna de Opinión de el diario El Mercurio de Santiago la opinión del abogado Pablo Rodríguez Grez, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, titulada “¿Demasiados Abogados?” título homónimo del libro publicado en la década del 30 por el célebre jurista Pietro Calamandrei. En el libro“¿Demasiados Abogados?” el jurista italiano efectúa una denuncia de la "decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana" que, como indica el autor, está en íntima relación con la proliferación del número de abogados en ejercicio, para lo cual propone una disminución del número de Facultades de Derecho, así como una mayor calidad en la enseñanza del mismo.
El tema de la cantidad y de la calidad de los abogados que están egresando de algunas Facultades de Derecho ya había sido abordado por el propio Pablo Rodríguez en la revista “Actualidad Jurídica”[1] que edita la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en su edición nº 16 de julio de 2007. En esa oportunidad, en un extenso artículo, titulado “Abogados Forenses”, planteó que el aumento explosivo del número de abogados en el país ha tenido un impacto severo en el “mercado jurídico” porque se advierte una formación y preparación muy disímil entre las distintas facultades. Resulta asombroso comprobar las coincidencias existentes entre el contenido de este texto y las expresiones empleadas por el presidente de la Excma. Corte Suprema, Urbano Marín, en una entrevista que se le efectuara luego de la inauguración del Año Judicial 2009, en que se refirió al tema, cuestión que examinaremos detenidamente, más adelante.
Por su parte, el día 14 de noviembre de 2007, el recientemente designado Ministro de la Corte Suprema, y profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Pierry Arrau, al inaugurar las XXXVII Jornadas Chilenas de Derecho Público[2] en esa casa de estudios, brindó la conferencia inaugural, donde se refirió al excesivo número de abogados en Chile, afirmando que “el exceso de Escuelas de Derecho alcanza dimensiones alarmantes”. Agregando, sin mayores fundamentos, que "Hay cerca de sesenta en el país, y digo una cifra aproximada porque aparecen y desaparecen en forma muy rápida".
Aseveró, asimismo, que “en los últimos años, ha aumentado la cantidad de profesionales de las ciencias jurídicas que provienen de escuelas de escasa rigurosidad, incluyendo gente que fue eliminada de universidades de calidad y que terminó sus estudios en planteles menos exigentes; por ello, la Corte Suprema estudia instaurar un examen que habilite a quienes han obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas a obtener el título de abogado, no para controlar, sino para garantizar que los nuevos abogados sean profesionales de calidad”.
Llama la atención el tiempo verbal empleado por éste “la Corte Suprema estudia instaurar un examen que habilite”, en atención a que hacía dos meses, la Corte Suprema había tomado conocimiento del Informe de la Dirección de Análisis, Estudios y Estadísticas, dependiente del máximo Tribunal, en el que se concluyó, categóricamente, que "no es posible establecer un examen habilitante a cargo de la Corte Suprema, para poder acceder al título de abogado", ya que sería inconstitucional, toda vez que se inmiscuiría en la "autonomóa académica universitaria", materia reservada estrictamente por la ley al legislador orgánico constitucional, y porque se vulneraría, además, el contenido esencial de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República, en especial, la Libertad de Enseñanza y la Libertad de Trabajo, informe al que nos referiremos más adelante.
Del mismo modo, el Ministro reconoció que "dicho cambio no es fácil de lograr, puesto que involucra hacer una modificación a la normativa legal, y esto ya depende del Congreso Nacional".
En el respectivo informe se concluyó, además, que "la Corte Suprema no se encuentra revestida en la actualidad de facultades o atribuciones constitucionales o legales que la autoricen a incursionar en el quehacer académico (de las universidades), mediante una supervigilancia de la calidad de la educación de aquellas personas que han obtenido un grado de licenciado en cciencias jurídicas de acuerdo a los planes y programas impartidos por una institución universitaria".
De acuerdo a lo anterior resulta difícil comprender el hecho que se hayan dictado las instrucciones del Presidente de la E. Corte Suprema y el acuerdo del Pleno de fecha 2 de abril y 9 de mayo de 2008, respectivamente, en que se establecieron nuevas exigencias a los postulantes que hubieran convalidado asignaturas, señalándose que constituirían la "única forma" de poder verificar la calidad de licenciado en ciencias jurídicas y aceptar las convalidaciones de cursos que se han hecho por postulantes al título profesional de abogado que han cursado sus estudios en más de una universidad.
La respuesta puede encontrarse en las propias afirmaciones del ministro Pierry: “el máximo tribunal entrega el título a quien ha pasado por todas las exigencias académicas y hecho su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, pero sólo a través del juramento”, como advirtiendo que la Corte tiene "la sartén por el mango".
En armonía con el criterio anterior, el vocero de la Corte Suprema y actual presidente del máximo tribunal, Milton Juica, reconoció, en una entrevista concedió a ADN Radio en marzo de 2009 que " “la Corte Suprema dio solución al problema, con las instrucciones que dictó y que estableció nuevos requisitos (a la titulación de dichos alumnos)", a las que nos referiremos en el capítulo siguiente.

[1] La Revista Actualidad Jurídica presenta artículos de destacados profesionales y académicos del Derecho: “Abogados forenses”, escrito por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Pablo Rodríguez; “Requisitos para el ejercicio de la abogacía en el Derecho Comparado”, del profesor José Manuel Díaz de Valdés; y “Los requisitos para obtener el título abogado: alegato para el establecimiento de un examen único, cualquiera sea la filiación universitaria del candidato”, del académico Bruno Caprile, entre otros.
[2] Encuentro académico, que convoca a decenas de académicos de varias universidades del país.