Capítulo I. Un anhelo al alcance de la mano

En septiembre de 2006, un grupo de estudiantes, Egresados de la Carrera de Derecho de distintas Universidades del país, ingresaron a un programa de estudios impartido en la Universidad de Aconcagua[1] de Viña del Mar, denominado Programa de Revalidación de Estudios, el que, una vez aprobado, conjuntamente con un examen final, conducía a la obtención del grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por dicha universidad.
Los programas de revalidación de estudios, también conocidos como programas especiales de titulación (P.E.T.) se han impartido durante muchos años en los diversos planteles de educación superior del país, y se encuentran orientados a permitir a aquellas personas que, por diversas circunstancias, no han podido completar la totalidad de sus estudios, -sean éstos técnicos o universitarios-, puedan completarlos. Dichos programas se encuadran dentro de la Libertad de Enseñanza y de la Autonomía Académica[2] de que gozan las instituciones de educación superior en Chile, y tienen una íntima correspondencia con la política gubernamental, que ve en el mayor acceso de las personas a la educación superior algo “muy positivo”[3].
Una de las universidades que se hizo más conocida por impartir dichos cursos a Egresados de Derecho en la ciudad de Santiago, es la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCINF), que con un cuerpo académico integrado por docentes de reconocida trayectoria, comenzó a impartir, a comienzos del año 2004, un programa especial de titulación de dos semestres, mismo año en que había abierto la carrera de Derecho.
Dichos cursos, estuvieron orientados, inicialmente, a funcionarios del Poder Judicial que no habían completado sus estudios de Derecho, quienes previa aprobación del referido programa, de la tesis y del examen de grado, podían optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, requisito exigido por la ley para obtener el título profesional de abogado que, en Chile, otorga la Excma. Corte Suprema de Justicia. Así fue como los alumnos que aprobaron dicho programa, y que reunían los demás requisitos legales, solicitaron y obtuvieron, sin reparo alguno, ante el Pleno de la Excma. Corte Suprema, su título profesional de abogado, optando por seguir desempeñando un cargo al interior del Poder Judicial, o bien, dedicándose al ejercicio libre de la profesión.
Muchas de las personas que optaron por ingresar a los P.E.T. dictados en las diversas universidades en el país, estaban motivados por un profundo anhelo personal, que los determinaba querer terminar su carrera, que habían postergado, en algunos casos por larga data. Las razones: la existencia de una familia a quien se debía mantener dificultaba sobremanera la compatibilidad entre el tiempo que debían dedicar a la actividad laboral -que no podía suspenderse- y el que debía dedicarse a una adecuada preparación del examen final que, en el caso de Derecho, ostenta una particular fama por su reconocido nivel de dificultad.
Dicha peculiaridad obedece no sólo a un factor objetivo, cuantificable o medible, como es la complejidad y amplitud de las materias que integran el temario del examen de grado, sino que, en buena medida, obedece a la forma en que las comisiones, tradicionalmente, llevan a cabo el proceso de examinacion, destacando en la opinión de los evaluados, como características comunes, el alto grado de discrecionalidad y de subjetividad que inspira el proceso. Dicha situación ha llevado a varias Facultades de Derecho a replantearse el objetivo de ese examen, especialmente, porque se está evaluando a alumnos que ya han aprobado la malla curricular completa de la carrera, y muchas, han estimado conveniente, siguiendo la tendencia más moderna a nivel mundial, modificar el tradicional examen para evaluar los conocimiento adquiridos por el postulante poniendo énfasis en elementos objetivos por sobre los subjetivos, como es la aplicación de un caso práctico.
Es importante considerar que la mayoría de los alumnos que ingresaron a los P.E.T. provenían de universidades que no ofrecían un curso especial de preparación especial, por lo que la preparación del examen final quedaba entregada al propio alumno, sin la supervisión de algún académico, lo que terminaba incidiendo negativamente en el resultado del mismo, constituyendo la principal causa de su reprobación, pues las constantes actualizaciones que se producen en las leyes requiere, sin duda, de una preparación especial como aquella a la que se sometieron los alumnos de dichos programas.
Por una parte, dichos cursos representaban para los alumnos una legítima posibilidad de concretar el anhelo de obtener el grado académico de licenciado y su posterior titulación, viéndola como el camino más importante y seguro hacia la prosperidad propia y la de sus familias; por otra, para las universidades ,representaban una excelente oportunidad de hacer negocio, haciéndose cargo de estos estudiantes que habían quedado varados como cetáceos humanos a medio camino entre el egreso y el ejercicio profesional, oportunidad, que en el “mercado de la educación” no se podía dejar pasar. Así fue como Rodrigo Oliver Varas, dueño de la Universidad de Aconcagua, aprovechando la reciente creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas[4] y de la carrera de Derecho, gracias a la recién adquirida y preciada autonomía universitaria[5], decidió impartir durante el segundo semestre del año 2006 un curso especial de revalidación de estudios de la Carrera de Derecho[6]. Oliver, hombre de negocios, vio la oportunidad de incorporar recursos frescos que levantaran las alicaídas arcas de la modesta universidad de la Quinta Región. Para ello contrató al mismo cuerpo de académicos que realizaba el curso en la UCINF, de una reconocida idoneidad profesional y moral. Por su parte, la módica suma de $116.000 mensuales, durante 16 meses, más una matrícula de $100.000, junto a una jornada relativamente flexible, con clase tres veces por semana, luego de la jornada laboral, durante dos semestres académicos, hacían de la oferta académica un sueño cumplido: una preparación especial, seria, con apuntes actualizados, a cargo de un grupo académico de excelencia. Sólo faltaba la determinación. Una familia por delante, un sueño suspendido, una promesa incumplida. No hacía falta más para reavivar la llama que mantenía el calor de un anhelo postergado durante años.
En buenas cuentas, una universidad autónoma, clases impartidas por Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, mismos que habían impartido el último curso de la UCINF, daban suficiente garantía de una buena preparación y de un juramento sin sobresaltos en la Corte Suprema. Nada más alejado de la realidad, esto es lo que tuvieron que comprobar cientos de alumnos luego que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema determinara otra cosa.


[1] La Universidad de Aconcagua es una Corporación de Derecho Privado, que nace el año 1990, y está inscrita en el folio C-50 en el Registro de Universidades Chilenas del Ministerio de Educación Pública, según certificado 06-00-140, publicado en el Diario Oficial de fecha 5 de febrero de 1990. Por resolución exenta Nº568 de fecha 20 de enero de 2006 se le otorgó por parte del Ministerio de Educación su Autonomía, por haber alcanzado su proyecto institucional.
[2] “La (autonomía) es el derecho de las instituciones que la obtienen para regirse por sí mismas, en conformidad a su normativa interna, comprendiendo la autonomía académica, económica y administrativa; incluyendo, por su parte, La autonomía académica (que es) la potestad de las entidades de educación superior para decidir por sí mismas la forma cómo se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio”, lo que se traduce en que “Los grados académicos de licenciado, -incluidos los de licenciados en ciencias jurídicas-, son otorgados de manera independiente, es decir, sin supervisión de entidad externa, desde la certificación de su autonomía institucional”. División de Educación Superior, Ord. Nº….
[3] “la política gubernamental apunta (…) a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo". (Sally Bendersky, Jefa de la División de Educación Superior, El Mostrador, 5 de marzo de 2009).
[4] La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Aconcagua, Sede Viña del Mar, nace con fecha 7 de agosto de 2006, por decreto Nº 6/2006, encontrándose regulada por las Disposiciones Generales contenidas en el Reglamento Académico de la Universidad de Aconcagua (presentado en carpeta Nº6 “Reglamentos” al Ministerio de Educación Pública, División de Educación Superior, con fecha 24 de enero de 1990.
[5] por resolución exenta Nº568 de fecha 20 de enero de 2006 se le otorgó por parte del Ministerio de Educación a la Universidad de Aconcagua su Autonomía Universitaria, por haber alcanzado su proyecto institucional.
[6] Por medio del Decreto Nº9/2006 de fecha 9 de agosto de 2006 se aprueba el Plan de Revalidación de Estudios de la Carrera de Derecho. Además, existe un Reglamento para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y un Reglamento de Tesis.