A la pregunta primera, relativa a su conocimiento de la orden que prohíbe la captura de esclavos en el valle del Píritu, dictada por su católica majestad el rey Fernando, el acusado ha contestado afirmativamente.

A la pregunta segunda, sobre la veracidad de las supuestas artimañas atribuidas al acusado, por medio de las cuales éste habría atraído a su barco con manifiesto engaño al cacique del valle del Píritu, don Alonso, a su mujer y a diecisiete indios más, parientes o criados suyos, consistentes dichas artimañas en la simulación de una fiesta que presuntamente habría de celebrarse en la propia cubierta del barco, el acusado ha respondido asimismo de forma afirmativa.

A la pregunta tercera, sobre su conocimiento del hecho de que el secuestro y posterior venta de los indios, derivó, a pesar de la intervención en este grave asunto de Fray Antonio de Montesinos y de otras importantes autoridades, tanto religiosas como temporales, en el martirio de los dos frailes dominicos a cuyo cargo estaba la evangelización del valle del Píritu, a saber, de los muy piadosos frailes Fray Francisco de Córdoba y Fray Juan Garcés, que, de tan ingrata manera vieron recompensados sus desvelos y trabajos a favor de la salvación de las almas de sus amados indios, el acusado respondió nuevamente de forma afirmativa.

Tras ser requerido a defenderse, el acusado alegó que los secuestrados eran indios caníbales, esto es, salvajes y antropófagos y que su comportamiento no sólo estaba alejado de la ley divina, sino que era ajeno a cualquier principio de civilización y de humanidad, como probaba el mero hecho de la crudelísima muerte de los dos frailes por aquellos mismos indios a los que tan amorosamente habían instruido en las verdades de la fe cristiana, por lo que el acusado manifestó su parecer de que los mencionados indios habían sido justamente esclavizados. El acusado afirmó, por último, que sólo esperaba que se hiciera justicia con él y que la ley de los hombres estuviera a la altura de la ley de Dios, en quien siempre confiaba.