Ayer mismo la Iglesia católica española volvió a acometer otro atropello a la legislación civil. El portavoz de la Conferencia Episcopal realizó un llamamiento a la desobediencia civil, instando a funcionarios, concejales, alcaldes y jueces a que no casen a ningún homosexual alegando objeción de conciencia.

Veamos por partes el cúmulo de barbaridades dichas en tan pocas palabras.
En primer lugar: están conminando a funcionarios públicos a no cumplir con su trabajo, o, lo que es peor, a vulnerar la ley. Un funcionario debe cumplir la legislación porque de lo contrario está por un lado vulnerando los derechos de los ciudadanos —en este caso
los homosexuales— y, por otro, está cometiendo delito.

En segundo lugar: para la Iglesia católica sólo es válido el matrimonio eclesiástico. Es decir, si te casas sólo por lo civil, a ojos de la Iglesia es como si no estuvieras casado. Sin embargo, la Iglesia jamás ha conminado a los funcionarios católicos a que se negasen a celebrar matrimonios civiles. Si lo hace ahora, es sólo por la condición de homosexual de los contrayentes. Ergo, está vulnerando nuestra constitución y los derechos humanos proclamados por la ONU, donde se dice que no se puede discriminar a nadie en función de su condición sexual.

En tercer lugar: la objeción de conciencia. Veamos, en España la objeción de conciencia se ha dado —o se da— en dos casos. En primer lugar, para negarse a cumplir el servicio militar cuando éste era obligatorio. Cuando uno se declaraba objetor en este caso —como lo hice yo— era porque se negaba a aprender a usar las armas, a recibir preparación militar, porque considera que la función última de los ejércitos y las armas son destruir y matar. Es decir, uno se niega a hacer algo porque haces daño a terceros. Algo así se podría decir del otro caso de objeción, que es cuando los médicos católicos se niegan a realizar cualquier tipo de aborto, porque según su pensamiento el feto —cualquiera que sea su tiempo de gestación— es un ser vivo y con el aborto está matando a alguien. Es una posición que yo discuto, en la que no estoy en absoluto de acuerdo, pero que dentro de su pensamiento, tiene cierta lógica. Objeto porque podría hacer daño a terceros.
Pero, ¿y en este caso? ¿Qué daño podemos sufrir los heterosexuales porque se casen o no una pareja de gays? ¿Voy a dejar de querer casarme porque dos lesbianas lo hagan? O si estoy casado, ¿pediré el divorcio al ver que mis vecinos gays se han casado? ¿Se romperán todos los matrimonios heterosexuales porque los homosexuales se casen? ¿Qué sentido tiene aquí entonces objetar? El único sentido es, pues, imponer el criterio religioso a toda la sociedad civil, sin importar los derechos reconocidos por la ONU ni los reconocidos por la constitución.

Resumiendo: la Iglesia está proponiendo que los católicos cometan delito; vulneren la ley en función de sus creencias; mutilen de derechos a ciudadanos por su condición sexual; fomenta la homofobia; y usa la figura de la objeción de conciencia como acto terrorista contra el orden civil.

Puestas así las cosas, como ciudadano libre de este Estado y laico, me veo obligado a decir lo siguiente:
Animo a todos los católicos que, ante todo, se sientan ciudadanos responsables de esta democracia, que boicoteen las misas mientras las mujeres no sean aceptadas como sacerdotes, en aras a la igualdad de derechos que rige nuestra sociedad.

Así mismo, que se nieguen a dar ni un céntimo hasta que la Iglesia adopte un orden democrático en su seno, empezando por el Vaticano, donde los trabajadores seculares no tienen derecho a huelga pese a que sean ciudadanos de la Unión Europea.

Conmino a todos los párrocos de barrio y a todas las monjas a que se busquen novia, amante, compañera (o novio, amante, compañero) para que se admita que los curas y monjas puedan casarse si así lo desean, en lugar de mutilarlos como personas, condenándolos a un celibato justificado únicamente por motivos económicos, ya que un hombre (o mujer) célibe es más barato de mantener y de manipular al no tener familia a su cargo.

De igual modo, solicito al Estado que no de un solo céntimo más a las escuelas religiosas en régimen concertado mientras estas no aseguren que en sus aulas no se discriminará a las otras religiones, así como que se dará opción a los estudiantes a elegir la asignatura de Ética. Si quieren dinero del Estado, que cumplan como todas las escuelas estatales. Y, por otro lado, que los profesores de religión de los colegios públicos los elija el Ministerio de Educación y no el obispo como hasta ahora, dándose casos realmente espeluznantes como el caso de una profesora que fue expulsada porque “salía por las noches con hombres y era divorciada”, es decir, que según la Iglesia, una mujer divorciada que se le ocurra tomar una copa con un amigo la deja invalidada para ser maestra.

Y, por último —o mejor dicho, por ir acabando ya— demando al Estado español que no de ni un euro a ninguna confesión religiosa, ni siquiera a la católica. Si España es tan creyente como presumen los obispos, no se tendrán que preocupar, que dinero de los feligreses no les faltará.

Aunque a lo mejor es eso, ¿verdad? Que igual no son tantos los que estarían dispuestos a mantener a esta caterva de carpetovetónicos antidemocráticos...

En todo caso, como ciudadano libre, me siento en la responsabilidad de defender mis derechos y los de los que me rodean. Si la Iglesia se cree en potestad de pretender atacar nuestra legislación y nuestros derechos, yo os animo a que defendamos un Estado aconfesional, donde quepamos todos.

Incluso aquellos que no quieren caber.